No hay nada más "de izquierdas" que ser liberal (III: La falsa legitimidad)

Pensemos ahora sobre la capacidad legislativa de los Estados. Estos poseen el monopolio de la creación de leyes y el monopolio de la autoridad e incluso de la violencia para hacer que estas se cumplan para asegurar la protección del ciudadano y la estabilidad de la sociedad. Puesto que hablamos de Estados democráticos, tenemos que estar tranquilos porque la legislación está redactada por los representantes del pueblo y por tanto, siempre estará orientada a conseguir el bienestar del ciudadano.  ¡Falso!

1      Cuando un Estado es pequeño, de un tamaño razonable, se ocupa de cubrir sólo aquello que es difícil que sea cubierto por el sector privado y está regido por un sistema verdaderamente democrático, con elecciones no dominadas por maquinarias de partido, cercanas al ciudadano y muy centradas en el perfil de la persona que se presenta a una elección. Un Estado donde los cargos políticos no se eternizan en su función y observan la misma como un servicio público transitorio y no como un "modus vivendi". En una sociedad con educación elevada y capacidad crítica y con un marketing político regulado y limitado, es muy posible que buena parte de la legislación sea verdaderamente positiva para la ciudadanía y sino es así la propia presión popular y el ciclo democrático forzarán su modificación.

2      Pero si un Estado se convierte un una estructura elefantiásica per se que teóricamente debe legislar buscando el bienestar del ciudadano pero que, debido al paso del tiempo, al engorde paulatino de su cuerpo, al adormecimiento de la sociedad a la que supuestamente presta servicio y, dominada por una casta que legisla mirando siempre de reojo a su propia necesidad de perpetuarse en su sillón, no hay ninguna certeza de que la legislación que produzcan tenga sentido social real y, desde luego, puede haber serias dudas sobre la legitimidad de la misma. Un Estado que hiperregula los aspectos más nimios de la vida humana para "proteger al ciudadano", ¿verdaderamente lo está protegiendo?, ¿o lo está atontando y en el fondo, casi sin darse cuenta él mismo, está tejiendo una maraña normativa que cada vez deja menos espacio a la ciudadanía para moverse y expresarse sin la aquiescencia de ese Estado omnipresente y supuestamente democrático? ¿no estará haciendo al ciudadano más vulnerable y siempre dependiente de su protección, haciendo así imprescindible su presencia, eso sí, técnicamente democrática y justificando su existencia y su continuo crecimiento? ¿Es de izquierdas hacer más vulnerable al ciudadano?

3      Podríamos decir que uno de los objetivos de las regulaciones que emanan de los Estados es el de promover la equidad y vigilar que el poder de los grandes agentes económicos no se acreciente en demasía pero hasta el observador menos dotado se apercibirá de que ocurre justamente lo contrario. Al convertirse el Estado en un actor económico gigantesco pero que necesita de la connivencia de otros agentes económicos para perpetuarse en su función, tiene la humana tendencia a buscar la alianza y el acuerdo con aquellos poderes con más relevancia puesto que ambos se necesitan mutuamente. El Estado necesita de ellos para encontrar su complicidad y colaboración en multitud de aspectos estratégicos de la misma manera que las grandes corporaciones buscan influir en el Estado para que el trato de este hacia los ámbitos de su interés sea más flexible y manejable. El resultado es que tenemos una sociedad donde las regulaciones y las legislaciones son muchas y complejas consiguiendo hacer la vida más difícil al ciudadano de a pie y al pequeño empresario mientras que las grandes corporaciones siguen teniendo un mejor trato y, en cualquier caso, una mayor capacidad de maniobra y de adaptación, dados sus mayores recursos, para adaptarse o buscar formas de sortear la creciente regulación. En las últimas décadas, el creciente peso de los Estados en tanto por ciento del peso de su actividad sobre el PIB ha ido acompañado en todo el mundo de una creciente concentración de la actividad económica en grandes grupos empresariales. ¿Verdaderamente un Estado con mayor peso facilita una mejor distribución de la riqueza? ¿Es de izquierdas abogar por un mayor tamaño del Estado?

La sociedad occidental en general y Europa en particular necesita reinventar su modelo de Estado yendo hacia un modelo que sea verdaderamente de izquierdas porque es profundamente liberal, en el sentido filosófico de la expresión, y con un claro componente humanista. La cuestión no es si hemos de tener una bandera u otra o si debo o no pertenecer a un Estado o a otro. El problema es que los Estados demasiado grandes son una fuente inagotable de creación de conflictos que no existirían si simplemente tuviéramos Estados más democráticos, más pequeños y con más poder en manos de la sociedad civil y del ciudadano.

En próximos posts profundizaremos en ese modelo de liberalismo humanista y en cómo podemos realizar una transición hacia el mismo, tránsito que, sin duda, requeriría de más de una generación para ser completado con cierto éxito.

No hay nada más "de izquierdas" que ser liberal (II: El expolio económico)

Reflexionemos hoy sobre el peso de los Estados en la economía. En la mayor parte de países occidentales, el tamaño del sector público oscila entre un 35% y un 55% del PIB. Ello significa que, de la riqueza que generan las actividades públicas y privadas, los Estados se quedan con esos porcentajes para soportar su mantenimiento y sufragar los principales servicios públicos, para redistribuir recursos de forma que las desigualdades sociales disminuyan, se realicen inversiones públicas para incentivar el progreso y se cubran los programas de protección social. Determinados impuestos son progresivos (Renta) y supuestamente se aplican a los ciudadanos en función a sus ingresos, pero otros no lo son (IVA) y se aplican de manera indistinta sea cuál sea la renta que uno genere o el patrimonio del que disponga.

Por cierto, en un par de ocasiones en los últimos años, se me ocurrió hacer un cálculo aproximado de lo que pagábamos en mi unidad familiar en concepto de todo tipo de impuestos, arbitrios, cargas sociales y tasas. Diligentemente construí una tabla de excel e introduje los datos de impuestos sobre la renta, pagos a la seguridad social, tanto los descontados en nómina como aquellos que son por cuenta de la empresa, añadí los impuestos y tasas municipales así como los impuestos especiales. Añadí también, no sin cierto esfuerzo, una estimación bastante aproximada de los pagos por IVA de todo el consumo que anualmente realizábamos. Finalmente sumé el resultante y lo comparé con los ingresos brutos totales (incluyendo los costes de la seguridad social satisfechos por la empresa como si eso también fuera un ingreso). Les aseguró que todavía no me he recuperado del impacto. 

Pensé que aquello tenía que ver con mi nivel de renta aunque este es de un nivel medio y realicé un par de simulaciones, una para una renta bastante más baja y otra para una renta bastante más alta.  Llegué a la conclusión de que no me había equivocado en mi primer análisis pero a ello le añadí el detalle de que el nivel de progresividad del sistema fiscal que tenemos deja muchísimo que desear en la realidad y de que la progresividad se acaba en las clases medias.

¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Que ante tamaño expolio democrático por parte de los Estados, el comportamiento de los ciudadanos se modifica de forma imperceptible pero constante. Recuerden que los sistemas impositivos y, en general, las normas y leyes, tienen la propiedad de modificar conductas. ¿En qué sentido se modifica el comportamiento ciudadano tras décadas de sufrir tamaña sangría casi sin enterarse y, en ocasiones, incluso aplaudiendo la "deriva social" de sus Estados:

1-    Casi sin darse cuenta, la ciudadanía y los agentes económicos en general, empiezan a ser menos proactivos y a fiarlo todo a la acción del Estado cuando se producen situaciones imprevistas. Ello merma la resiliencia y la capacidad de reacción del ciudadano, disminuye su sentido de la responsabilidad ante cierto tipo de situaciones porque “para ello vota y para ello paga impuestos”. Ello dificulta también la aparición de iniciativas privadas de carácter solidario y de beneficencia que se responsabilicen de cubrir determinadas necesidades sociales puesto que sus pocos y heroicos paladines no siempre lo tienen fácil para conseguir socios y patrocinadores.

2-    Cuando eso ocurre y, a partir de determinado nivel de presión impositiva, la actividad económica y la creación de riqueza en general no son óptimas, bien porque los ciudadanos con más recursos  deciden llevar su actividad económica a lares "más baratos" en términos fiscales bien porque, simplemente deciden reducir su nivel de actividad ya que el conseguir un ingreso adicional de 1 €, les proporcionará un incremento real de su renta disponible tan nimio que ya no quieren invertir el esfuerzo necesario. Los incentivos al progreso y al riesgo se reducen y ello no crea oportunidades sino que las disminuye. Subir los impuestos no es necesariamente de izquierdas en una sociedad que ya tiene una carga impositiva demasiado elevado de por sí.

3-    Es verdad que esa disminución de oportunidades podría suplirse por la acción inversora de un Estado que cuenta con suficientes recursos para ello pero nada te asegura que las decisiones de inversión del aparato estatal se realicen con criterios de eficacia y eficiencia económica y social puesto que quienes toman las decisiones difícilmente arriesgan gran cosa más que un dinero que no es de ellos y por tanto, el papel de contrapeso y de creación de oportunidades que permite el aparato estatal, tendrá menos impacto y menos capilaridad que el que proviene de la actividad privada. El hecho de que los representantes del Estado sean elegidos de forma supuestamente democrática no quiere decir necesariamente que el proceso de toma de decisiones que llevan a cabo esos representantes políticos o los empleados públicos esté inefablemente orientado al bienestar del conjunto de los ciudadanos. O, por lo menos, ni más ni menos que podría estarlo una decisión tomada por agentes privados con una adecuada conciencia social.

Creo humildemente que hay otra forma de hacer las cosas que no implique que los Estados priven a los ciudadanos de entre un tercio y la mitad de la riqueza que trabajosamente generan para supuestamente redistribuirla y mantener los servicios públicos. Un Estado social no necesariamente ha de ser un Estado grande sino un Estado musculado, fibroso que detrae pocos impuestos de la riqueza nacional y que regula poco pero de forma sabia y social para asegurar que los ciudadanos tienen a disposición servicios sociales adecuados aunque no sea el propio Estado el que los preste.

En próximos posts seguiremos analizando diversas dimensiones de este fenómeno.